Por Alondra de la Cruz Paulino*

La trata de personas es un delito atroz y una violación manifiesta de los derechos humanos. Es una de las formas de delincuencia organizada de más rápido crecimiento, controlada por redes despiadadas que sacan provecho de la vulnerabilidad y del dolor. Se trata de una operación brutal y muy organizada, cuyas actividades se basan en el engaño, la coacción y la explotación; está evolucionando rápidamente. Los grupos delictivos operan a través de las fronteras con una rapidez y sofisticación alarmantes. Explotan las lagunas legales, se infiltran en industrias y cadenas de suministro legítimas, se aprovechan de los flujos migratorios y utilizan la tecnología para captar y controlar a las personas y abusar de ellas, incluso mediante la explotación sexual en línea u obligando a las víctimas a participar en estafas en Internet. Debemos responder con unidad y urgencia.

— António Guterres, Mensaje en el Día Mundial contra la Trata de Personas (30 jul. 2025)

Introducción

Nuestro ordenamiento jurídico se encamina a la despenalización de actos ilícitos cometidos por víctimas de trata cuando guardan un vínculo causal directo e inmediato con la explotación que provoca la trata.[1] El Proyecto del Senado 45, presentado por Thomas Rivera Schatz y coauspiciado por las senadoras Ada M. Álvarez Conde y Joanne M. Rodríguez Veve, propone enmendar el Código Penal de Puerto Rico de 2012, Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, para incorporar una defensa que excluya de responsabilidad penal cuando la persona, siendo víctima de trata humana, manifieste una conducta delictiva que sea consecuencia directa de la explotación o mantenga con ella un vínculo causal inmediato.[2] La enmienda ubica esta norma dentro del conjunto de causales que anulan la antijuridicidad o la culpabilidad cuando la autodeterminación se encuentra viciada por intimidación, coacción u otras circunstancias excepcionales, añadiendo un inciso (d) al art. 32 del Código.[3]

I. Problema socioeconómico y los objetivos políticos para atender la trata en Puerto Rico y Estados Unidos

La trata humana en Puerto Rico y en Estados Unidos es un síntoma extremo de desigualdad económica, racismo estructural y violencia de género, difíciles de abordar.[4] En contextos de pobreza, endeudamiento crónico, desempleo, precariedad laboral, migración forzada y sistemas de bienestar insuficientes, se crean las condiciones perfectas para que redes de tratantes se aprovechen de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de mujeres, niñas, personas migrantes indocumentadas y jóvenes de la comunidad LGBTIQ+.[5] A nivel internacional existe un tratado firmado y ratificado por los Estados Unidos que define la trata humana como:

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”[6]

Esto significa que Estados Unidos asume una responsabilidad jurídica y política para atender este problema internacional por ser Estado Parte del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños[7], instrumento vinculante que exige la penalización de las conductas, la adopción de medidas preventivas, la protección y asistencia a las víctimas junto con la cooperación internacional para erradicar este tipo de crimen.[8]

Como territorio no incorporado[9], el ordenamiento jurídico de Puerto Rico está subyugado a las leyes federales y a los tratados que firme y ratifique los Estados Unidos. El propio Congreso autorizó la elaboración de la Constitución de Puerto Rico mediante la Ley Pública 600 del 3 de julio de 1950.[10] A partir de ese marco y de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico[11], se reconoce que las leyes federales y los tratados válidamente celebrados por Estados Unidos forman parte de la ley suprema[12] y, en caso de conflicto, prevalecen sobre la legislación ordinaria, la Constitución local y la política pública puertorriqueña.

A pesar de que internacionalmente hay un fuerte principio contra el colonialismo y a favor de la autodeterminación[13], ningún órgano judicial internacional con jurisdicción competente ha emitido una decisión vinculante que declare ilegal el estatus político de Puerto Rico. La Corte Internacional de Justicia solo puede pronunciarse si los Estados presentan un caso contencioso o si la Asamblea General o el Consejo de Seguridad le solicitan una opinión consultiva. Mientras tanto, Estados Unidos sostiene que, tras la Resolución 748 (VIII) de 1953 de la Asamblea General, Puerto Rico dejó de figurar como “territorio no autónomo”[14], lo que ha contribuido a evitar un escrutinio judicial internacional directo sobre su condición política. En este contexto, tanto el gobierno federal como el de Puerto Rico han aprobado legislación específica, como la Victims of Trafficking and Violence Protection Act[15] y la Ley de Asistencia a Inmigrantes Víctimas de Trata Humana.[16] Se ha tratado de legislar para la recopilación de datos[17], pero lo cierto es que, por la naturaleza tan compleja y violenta de estos actos, acompañados por la desconfianza que siente el pueblo hacia el sistema penal puertorriqueño para denunciar las dinámicas, ha sido complicado conocer y atender estos tipos de casos.[18]

Retornando a la enmienda, el proyecto de ley, en la exposición de motivos, describe esta problemática social como una modalidad contemporánea de esclavitud. Por consiguiente, amerita que se atiendan estos casos en el contexto puertorriqueño durante la presidencia de Donald J. Trump con mayor atención. La actualización de un nuevo inciso alinea el ordenamiento local aún más con los principios y las normas internacionales de derechos humanos, las leyes federales y la política pública vigente hasta el momento.

II. ¿Qué sugiere la enmienda?

El estado de derecho actual exime de responsabilidad penal a quien actúa (a) bajo amenaza física o psicológica de un peligro inmediato, grave e inminente con proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado, (b) por fuerza física irresistible que anula su libertad de actuar, o (c) mediante medios hipnóticos o sustancias narcóticas como deprimentes, estimulantes u otras similares…[19] Por otro lado, la penalización tipificada en los artículos 159 y 160 por los actos de trata humana.[20] Como bien se reconoce en la exposición de motivos del Nuevo Código Penal, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, la propiedad y la seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad.[21] Esta modalidad también se extiende a las personas inmigrantes con estatus migratorio no definido, a quienes el ordenamiento federal reconoce la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad, así como los derechos fundamentales que se derivan de esa condición.[22] El proyecto propone incorporar una eximente según la cual no habrá responsabilidad penal cuando “(d) la persona esté siendo víctima de trata humana y la conducta imputada haya sido causada por dicha trata o guarde relación directa con ella”.[23]

III. Un camino hacia menos revictimización

De aprobarse la enmienda, esta defensa legal le permitiría a la fiscalía denunciar con mayor amplitud las dinámicas de violencia que viven las personas víctimas de este crimen. La incorporación de una regla de no punición para las víctimas de trata humana en el Artículo 32 del Código Penal representa un ajuste normativo imprescindible para desplazar el foco punitivo de la persona explotada hacia quien induce, coacciona o se beneficia de la explotación. La Exposición de Motivos del P. del S. 45 documenta que la penalización secundaria reduce el acceso a la justicia y desincentiva la denuncia por miedo al procesamiento. Por estas razones, recoge expresamente el principio de no criminalización recomendado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.[24]

Conclusión

Este tipo de reforma refina aún más la política pública que repudia cualquier acto relacionado con la trata de personas y nos encamina hacia una sociedad muchísimo más justa, empática y humanitaria, que proteja a las minorías en situación de desventaja frente a la esclavitud moderna. El P. del S. 45 se encuentra en etapa de enrolado, con el texto final compilado e incorporando todas las enmiendas aprobadas por ambos cuerpos. Resta su envío a La Fortaleza para acción ejecutiva (firma, veto o inacción dentro del término) y luego la publicación y la codificación en la LPRA. Sin duda, un avance trascendental para el derecho penal puertorriqueño.

[1] P. del S. 45, “Para añadir un inciso (d) al art. 32 de la Ley 146-2012 (Código Penal de Puerto Rico)”, 20ma Asam. Leg., 2da Ses. Ord. (2025), Sutrahttps://sutra.oslpr.org/medidas/152435 (última visita 30 oct. 2025).

[2] Francisco J. del Valle Sosa, Defensa penal para víctimas de trata humana en Puerto Rico, Microjuris Al Día (26 de octubre de 2025), https://aldia.microjuris.com/2025/10/26/defensa-penal-para-victimas-de-trata-humana-en-puerto-rico/. 

[3] Cód. Pen. Pr art. 32, 33 lpra § 5045 (vigente al 30 de oct. de 2025).

[4] U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2025 (jun. 2025), U.S. Department of State, https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/united-states/.

[5] Gabriela José Cintrón Colón, La trata humana como delito y la explotación sexual infantil, Rev. Jur. Upr (s. f.), https://derecho.uprrp.edu/revistajuridica/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/La-trata-humana-como-delito-y-la-explotacion-sexual-infantil.pdf.

[6] Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 15 de noviembre de 2000, 2237 U.N.T.S. 319, art. 3(a).

[7] Protocolo contra la Trata, arts. 5–10.

[8] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 15 de noviembre de 2000, 2225 U.N.T.S. 209.

[9] Downes V. Bidwell, 182 U.S. 244, 287 (1901) (establece la distinción entre territorios incorporados y no incorporados y concluye que Puerto Rico no fue incorporado tras el Tratado de París de 1898).

[10] Ley Pública Núm. 600, 64 Stat. 319 (1950).

[11] Ley Jones de 1917 (Jones Act of 1917), ch. 145, 39 Stat. 951 (1917).

[12] CONST. EE. UU. art. VI, cl. 2; Medellín v. Texas, 552 U.S. 491, 504–06 (2008) (“Not all international law obligations automatically constitute binding federal law enforceable in United States courts… Treaties … are not domestic law unless Congress has either enacted implementing statutes or the treaty itself conveys an intention that it be ‘self-executing’ and is ratified on those terms.”); Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190, 194 (1888) (“By the Constitution, a treaty is placed on the same footing with an act of Congress … If the two are inconsistent, the one last in date will control the other.”).

[13] G.A. Res. 1514 (XV), Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (Dec. 14, 1960).; G.A. Res. 1541 (XV), Principles Which Should Guide Members in Determining Whether or Not an Obligation Exists to Transmit the Information Called for in Article 73(e) of the Charter (Dec. 15, 1960).; U.N. Special Committee on Decolonization, Special Committee on Decolonization Approves Draft Resolution on Puerto Rico (Press Release GA/COL/3372, June 22, 2023).

[14] G.A. Res. 748 (VIII), Cessation of the Transmission of Information under Article 73(e) of the Charter in Respect of Puerto Rico (Nov. 27, 1953); Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016) (confirma que la cláusula contra la doble exposición no permite un segundo enjuiciamiento local tras uno federal por el mismo delito y que la excepción de doble soberanía depende de la fuente última del poder punitivo —el Congreso—, por lo que Puerto Rico no constituye una soberanía distinta).

[15] Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, Pub. L. No. 106-386, 114 Stat. 1464 (2000) (codificada según enmendada en 22 U.S.C. §§ 7101–7114; véase también 8 U.S.C. § 1101(a)(15)(T)).

[16] Ley de Asistencia a Inmigrantes Víctimas de Trata Humana, Ley Núm. 8-2015, 2015 LPR 8; 25 LPRA §§ 984a–984f.

[17] Senado de Puerto Rico, P. del S. 1237, Segundo Informe (abr. 2024), Microjuris Al Día, https://aldia.microjuris.com/wp-content/uploads/2024/04/ps1237-ent-2do-informe-correcto.pdf.

[18] Valeria María Torres Nieves, Trata humana en Puerto Rico: 11 investigaciones federales activas, pero el desconocimiento persiste, El Nuevo Día (31 de mar. de 2025, 11:10 p. m.), https://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/notas/trata-humana-en-puerto-rico-11-investigaciones-federales-activas-pero-el-desconocimiento-persiste/?templateId=OTB2HAZL1TSY&templateVariantId=OTVG58JHKTYQZ&experienceID=EXOVVHYGHH10.

[19] Cód. Pen. Pr art. 32(a)–(c), 33 LPRA § 5045 (vigente al 30 de oct. de 2025).

[20] Cód. Pen. Pr arts. 159–160, 33 LPRA §§ 5225–5226 (vigente al 30 de oct. de 2025).

[21] Const. PR art. II, §§ 1, 7, 10.

[22] Const. Ee. Uu. enms. IV–VI, VIII y XIV, § 1.

[23] Francisco J. del Valle Sosa, Puedes leer el Entirillado de la medida aquí (oct. 2025), Microjuris al Día, https://aldia.microjuris.com/wp-content/uploads/2025/10/Puedes-leer-el-Entirillado-de-la-medida-aqui-1.pdf.

[24] Consejo Económico y Social de la ONU, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, U.N. Doc. E/2002/68/Add.1, principio 7 (20 mayo 2002) (“Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales.”).

*Estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico e integrante colaboradora del Comité de Relaciones Públicas del Volumen XCV de la Revista Jurídica de esa misma institución. Posee un Bachillerato en Artes en Ciencias Sociales con concentración en Economía y énfasis en crecimiento y desarrollo económico internacional. Además, cuenta con experiencia de paralegal en la práctica del derecho migratorio estadounidense.

by Christian L. Hovey

The recent indictment of Nicolás Maduro Moros in the United States District Court for the Southern District of New York presents a complex intersection of domestic criminal law enforcement and fundamental principles of international law. This case, which charges the Venezuelan leader and several co-defendants with narco-terrorism, conspiracy to import cocaine, and weapons offenses spanning over twenty-five years, raises critical questions about the boundaries of extraterritorial jurisdiction, head-of-state immunity, and the prohibition on the use of force in international relations.

THE JURISDICTIONAL FRAMEWORK

The superseding indictment alleges that Maduro and his co-conspirators abused their positions of public trust and corrupted once-legitimate institutions to import tons of cocaine into the United States.[1] The indictment traces Maduro’s alleged involvement from his time as a member of Venezuela’s National Assembly through his tenure as Minister of Foreign Affairs and ultimately as President, characterizing him as the current de facto but illegitimate ruler of Venezuela.[2]

From a purely domestic criminal law perspective, the United States asserts jurisdiction under the protective principle and the effects doctrine, both of which permit a state to prosecute conduct occurring outside its territory when that conduct produces harmful effects within its borders. The indictment explicitly invokes extraterritorial jurisdiction under 18 U.S.C. § 3238, which allows the prosecution of offenses begun and committed outside the jurisdiction of any State or district of the United States.[3]

This jurisdictional claim finds support in established U.S. case law. As the Supreme Court articulated in United States v. Alvarez-Machain, courts have consistently rejected challenges by criminal defendants who claimed they had been unlawfully brought into the court’s custody for trial. The principle is that a defendant’s presence is what matters, not how he got there.[4] This Ker-Frisbie doctrine suggests that even if Maduro’s arrest violated international law, U.S. courts would retain jurisdiction to prosecute him on domestic criminal charges.

THE IMMUNITY QUESTION

The question of head-of-state immunity presents perhaps the most significant international law challenge to the indictment’s validity. Under customary international law, sitting heads of state enjoy absolute immunity from foreign criminal jurisdiction, a principle grounded in both sovereign equality and the functional necessity of permitting state leaders to conduct international relations without fear of foreign prosecution.[5]

The seminal U.S. case of Lafontant v. Aristide established that a head-of-state recognized by the United States government is immune from personal jurisdiction in United States courts unless that immunity has been waived by statute or by the foreign government recognized by the United States.[6] The court in Lafontant emphasized that head-of-state immunity extends to both official and private acts. At the same time, the individual remains in office, and that it extends only to the person the United States government acknowledges as the official head of state.[7]

This recognition requirement becomes dispositive in Maduro’s case. The indictment itself characterizes Maduro as Venezuela’s de facto but illegitimate ruler, noting that more than 50 countries, including the United States, refuse to recognize Maduro Moros as Venezuela’s head of state.[8] The United States has instead recognized Juan Guaidó and, more recently, other opposition figures as Venezuela’s legitimate government. This non-recognition mirrors the Noriega precedent, in which the court held that General Noriega was not entitled to head-of-state immunity because the United States had never officially recognized him as Panama’s head of state.[9]

However, this approach raises fundamental questions about the relationship between political recognition and legal immunity. The principle that immunities attach only to those who are part of, or acting on behalf of, the recognized government of a state creates what one scholar terms a point of enormous significance.[10] When a state exercises effective control over territory and population but lacks international recognition, denying immunity permits precisely what the immunity doctrine was designed to prevent: foreign interference in the governance of a sovereign state through criminal prosecution of its leadership.

THE USE OF FORCE PROBLEM

The most serious international law concerns arise not from the indictment itself, but from the military operation undertaken to effectuate Maduro’s arrest. Article 2(4) of the United Nations Charter prohibits member states from using force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.[11] This prohibition is widely recognized as a peremptory norm of customary international law—jus cogens—from which no derogation is permitted.

The use of military force on Venezuelan territory to arrest Maduro appears facially inconsistent with this prohibition. Unlike typical law enforcement operations conducted with host-state consent or under a claim of self-defense against imminent armed attack, the Venezuela operation was characterized by U.S. officials as an arrest of two indicted fugitives of American justice supported by military force.[12]

As Steve Vladeck and Jack Goldsmith note, the legal justification appears to rest on a 1989 Office of Legal Counsel opinion by then-Assistant Attorney General William Barr, which concluded that the President could lawfully order an extraterritorial arrest pursuant to the FBI statutory arrest authority even if it violated customary international law and that as a matter of domestic law, the Executive has the power to authorize actions inconsistent with Article 2(4) of the U.N. Charter.[13] This position claims that domestic constitutional authority can override treaty obligations and customary international law prohibitions on the use of force.

This claim has been subject to sustained scholarly criticism. As Edmundo Vargas Carreño explains, most international legal scholars consider Article 2(4) as a fundamental norm of international law with no exceptions beyond those explicitly provided in the Charter itself—namely, Security Council authorization under Chapter VII and individual or collective self-defense under Article 51.[14] The argument that law enforcement necessity justifies military force against a non-consenting state finds no support in the Charter framework or in generally accepted state practice.

The International Court of Justice has consistently reinforced this interpretation. In the Nicaragua case, the Court held that even support for armed opposition groups within another state violated Article 2(4), emphasizing that the principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference.[15] If supporting internal opposition violates the use-of-force prohibition, direct military operations to arrest a sitting government leader would constitute an even more serious breach.

The attempted justification through unit self-defense—the claim that forces executing the arrest warrant could use force to defend themselves—compounds the problem. As Rebecca Ingber has observed, this rationale creates a bootstrapping effect whereby the United States can use force against non-state actors who do not even have the capacity to threaten U.S. territory, in a state that has not attacked the United States, providing the groundwork for a future escalation.[16]

RECOGNITION AND ITS CONSEQUENCES

The Maduro case illuminates a broader tension in international law regarding government recognition. While the United States has not recognized Maduro’s government since 2019, this non-recognition does not alter the legal status of Venezuela as a state or eliminate Maduro’s effective control over Venezuelan territory and institutions. The consequences of linking immunity to recognition, rather than to effective control, are substantial.

As Justin Cole et al. explain, when a government exercises de facto control despite lacking international recognition, denying immunity could have consented to foreign military intervention in Venezuela and creates legal ambiguities that are most troubling when considering the implications for the use of force.[17] If an unrecognized but effective government cannot claim immunity for its officials, and if foreign states may use military force to arrest those officials based solely on domestic criminal charges, the fundamental principles of sovereignty and non-intervention are undermined.

The implications extend beyond Venezuela. A precedent permitting military operations to enforce domestic criminal jurisdiction against unrecognized but effective governments could be invoked by any state with sufficient military capacity against governments it deems illegitimate. This would represent a return to a pre-Charter international order in which the use of force was a permissible instrument of national policy, subject only to the practical constraints of military capability.

CONCLUSION

The Maduro indictment presents legitimate criminal allegations subject to U.S. domestic jurisdiction under established principles of extraterritorial criminal law. However, the method of obtaining custody—through military force on Venezuelan territory—raises fundamental questions about the continued vitality of the Charter prohibition on the use of force and the relationship between political recognition and legal immunity under international law.

U.S. courts may ultimately accept jurisdiction over Maduro based on the Ker-Frisbie doctrine’s focus on present custody rather than the lawfulness of arrest.[18] But this domestic legal conclusion does not resolve the international law violations implicated by the military operation itself. As the International Court of Justice observed in Nicaragua, breach of international law by one state does not justify violation by another, and the principle of territorial integrity is an integral part of the global legal order. It is enshrined in the Charter of the United Nations, Article 2, paragraph 4.[19]

The Maduro case thus exemplifies what Vargas Carreño identifies as the fundamental challenge facing contemporary international law: the tension between the formal equality of states embodied in Charter principles and the effective inequality of states in their capacity to project military force extraterritorially. Whether the international legal system can maintain its foundational prohibitions in the face of powerful states’ assertions of domestic legal authority to override those prohibitions remains an open and troubling question.

[1] United States v. Nicolás Maduro Moros, S4 11 Cr. 205 (AKH) (S.D.N.Y.), at 1.

[2] Id. at 3.

[3] Id. at 22 and 23. 18 U.S.C. § 3238 reads as follows: “The trial of all offenses begun or committed upon the high seas, or elsewhere out of the jurisdiction of any particular State or district, shall be in the district in which the offender, or any one of two or more joint offenders, is arrested or is first brought; but if such offender or offenders are not so arrested or brought into any district, an indictment or information may be filed in the district of the last known residence of the offender or of any one of two or more joint offenders, or if no such residence is known the indictment or information may be filed in the District of Columbia.”

[4] 504 U.S. 655 (1992).

[5] See Arrest Warrant of 11 April 2000 (Dem. Rep. Congo v. Belg.), 2002 I.C.J. 3, ¶ 51 (Feb. 14); Dapo Akande & Sangeeta Shah, Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts, 21 Eur. J. Int’l L. 815, 818 (2010).

[6] 844 F. Supp. 128, 131–32 (E.D.N.Y. 1994).

[7] Id. at 132 citing Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 410, 84 S. Ct. 923, 931, 11 L. Ed. 2d 804 (1964).

[8] Maduro Indictment at 3.

[9] United States v. Noriega, 746 F. Supp. 1506, 1520 (S.D. Fla. 1990).

[10] Justin Cole et al., Recognition Rules, 100 N.Y.U. L. Rev. 785, 810–11 (2025).

[11] U.N. Charter art. 2, para. 4

[12]  Charlie Savage & Eric Schmitt, Is It Legal for U.S. to ‘Run’ Venezuela After Maduro’s Capture? Here’s What to Know, N.Y. Times, Jan. 3, 2026.

[13] See Steve Vladeck, Five Questions About the Maduro Arrest Operation, One First (Jan. 3, 2026), https://stevevladeck.substack.com/p/200-five-questions-about-the-maduro (tracing the legal argument to “a deeply controversial 1989 DOJ Office of Legal Counsel memorandum by then-Assistant Attorney General Bill Barr [ . . .] which concluded that the President has inherent constitutional authority to use the FBI for extraterritorial arrests, even in circumstances in which the arrests violate international law”) andBrian Finucane, On the Legality of the Venezuela Invasion, Executive Functions (Jan. 5, 2026), https://www.execfunctions.org/p/on-the-legality-of-the-venezuela.

[14] Edmundo Vargas Carreño, Derecho Internacional Público 154 (2003).

[15] Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14, ¶ 242 (June 27).

[16] Rebecca Ingber, Legally Sliding into War, Just Security (Mar. 15, 2026), https://www.justsecurity.org/75306/legally-sliding-into-war/ (observing that unit self-defense doctrine permits escalation without authorization from Congress).

[17] Cole et al., supra, at 807–08.

[18] United States v. Alvarez-Machain, 504 U.S. at 655.

[19] Military and Paramilitary Activities, 1986 I.C.J. at ¶ 268.

Desafíos Jurídicos ante el Cambio Climático

por Itzia Paulina Cumes Irurita

Existe una historia de los tratados, los principios de soberanía, los conflictos geopolíticos y los enormes retos de conservación ambiental que enfrentan nuestras aguas comunes. El derecho, el derecho internacional, puede ser tanto una herramienta de poder como de cooperación y protección colectiva.

Particularmente destacado con el tema de los baselines. Hay que considerar las complejidades de los intereses de los Estados y como se manifiestan dentro el marco jurídico con relación a las líneas de base y como se ven afectados a lo largo plazo del cambio climático. Se deben observar los efectos por el cambio climático hoy día y que son pertinente discutir con relación al tema de los baselines en torno a esta realidad ambiental.

Introducción

El Derecho del Mar, codificado principalmente a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar/United Nations Convention on the Law of the Sea (CONVEMAR/UNCLOS), ha establecido el marco jurídico complejo para la regulación de los derechos y obligaciones de los Estados con relación a los espacios marítimos. Dentro de este marco jurídico, uno de los elementos fundamentales para aplicar estas normas es la determinación de las líneas de base, definido por el punto de partida desde el cual se miden las distintas zonas marítimas. Tradicionalmente y en general, las líneas de base han sido consideradas ambulatorias, cambiando conforme al paso de tiempo y cambios geográficas. Sin embargo, el acelerado impacto del cambio climático, en particular la elevación del nivel del mar, ha provocado que algunos Estados reconsideren esta norma/doctrina, adoptando líneas de base fijas como mecanismo de defensa jurídica de sus derechos marítimos.

Particularmente el artículo de Sean Murphy, Ambulatory Versus Fixed Baselines Under the Law of the Sea, ofrece una mirada crítica sobre esta transición normativa. En su ensayo se examina la distinción entre líneas de base ambulatorias y fijas, analiza los argumentos legales presentados por Murphy y reflexiona sobre los retos y propuestas que se han discutido en la clase de Derecho del Mar. También, se consideran ejemplos prácticos de regiones vulnerables como el Caribe, el Pacífico y áreas en disputa (como lo que hemos discutido a través del semestre), con el fin de evaluar si el Derecho del Mar está preparado para enfrentar el futuro y los cambios que vienen.

I. Fundamentos jurídicos de las líneas de base

UNCLOS define en su Artículo 5 que “la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como figura en las cartas náuticas reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.”[1] Este artículo es lo que dispone la doctrina de la ambulación: al variar la línea de bajamar por procesos naturales, la línea de base también se desplaza, y con ella, la extensión de las zonas marítimas.

Adicionalmente, el Artículo 7 permite el uso de líneas de base rectas en ciertos casos geográficos específicos, y el Artículo 47 regula las líneas de base archipelágicas.[2] Sin embargo, ninguna de estas disposiciones contempla de manera explícita que sucedería en caso cuando el cambio geofísico es causado no por procesos naturales graduales sino por la intervención humana o el cambio climático antropogénico.[3] Aquí surge una laguna, un vacío jurídico importante. Si las costas se erosionan debido al ascenso del nivel del mar, ¿deben los Estados perder automáticamente sus derechos sobre las zonas marítimas previamente establecidas? La ausencia de una regla clara en UNCLOS ha llevado a diferentes interpretaciones y respuestas estatales, lo cual, según Murphy, podría conducir a una fragmentación del régimen jurídico marítimo.[4] Esto nos lleva a la discusión de ambulatory baselines versus fixed baselines.

II. Líneas ambulatorias: coherencia tradicional y sus limitaciones

La lógica de las líneas ambulatorias ha sido tradicionalmente coherente con la geografía cambiante. Por ejemplo, si un delta crece por sedimentación o si una costa es arrasada por un tsunami, la línea de base puede ajustarse para reflejar la nueva configuración. Este principio mantiene la vinculación entre tierra y mar, asegurando que el espacio marítimo siga siendo una prolongación del territorio terrestre.[5] Sin embargo, esta coherencia plantea serios problemas en el contexto del cambio climático. Según datos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), muchos Estados insulares como Tuvalu, Kiribati y las Maldivas enfrentan la posibilidad de quedar parcialmente o completamente sumergidos en las próximas décadas.[6] En tales escenarios, la doctrina ambulatoria implicaría una perdida automática de sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, afectando su soberanía, seguridad alimentaria y viabilidad económica. Como señala Murphy, “una concepción puramente dinámica de las líneas de base deja a ciertos Estados literalmente sin mar que ejercer.”[7]

III. La propuesta de líneas fijas: fundamentos, riesgos y viabilidad

Enfrentando a estos riesgos, varios Estados y académicos han propuesto la adopción de líneas de base fijas. Bajo este enfoque, un Estado establecería sus líneas de base con base en una geografía determinada en un momento específico, independientemente de cambios futuros en la configuración costera. Esta práctica ha sido promovida por el Pacific Islands Forum desde 2021, y ha sido respaldada por declaraciones como la “Declaración de Majuro sobre la Preservación del Espacio Marítimo.”[8]

Desde un punto de vista doctrinal, este enfoque entra en tensión con la interpretación textual de UNCLOS [9] y ha sido de mucha discuta. Sin embargo, puede argumentarse que el principio de estabilidad de fronteras (uti possidetis juris) y la equidad en las relaciones internacionales permiten flexibilizar dicha interpretación. Murphy advierte que, sin un consenso multilateral, las líneas fijas pueden ser vistas como actos unilaterales ilegítimos, pero reconoce que, en situaciones de amenaza existencial, estas medidas pueden adquirir legitimidad progresiva mediante la práctica constante y el opinio juris.[10] Como muchas normas que se han ido estableciendo a través de los años, en sus principios parecería ser actos unilaterales ilegítimos retando cambio para el desarrollo de la evolución del marco jurídico. Además, la jurisprudencia internacional ofrece algunas perspectivas de apoyo para este concepto. Por ejemplo, en el caso Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, el Tribunal del Derecho del Mar (International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS) afirmó que “el Derecho del Mar debe interpretarse a la luz de los principios de equidad y no debe conducir a resultados desproporcionados.”[11] Esta doctrina puede respaldar la idea de preservar los derechos marítimos históricos de Estados en riesgo de desaparición física.

IV. Análisis comparado y ejemplos regionales

Pensando en Puerto Rico, en su tamaño, sus costas y como ya se ve afectado por la erosión en puntos como Rincón, esta es una discusión relevante a su determinación de sus líneas. Semejante en el Caribe, donde muchos Estados insulares dependen en gran medida del turismo costero y de la pesca en su EEZ, la erosión de las costas podría tener consecuencias devastadoras. Aunque el impacto del cambio climático es menos acelerado que en el Pacífico, países como Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas o incluso territorios como Puerto Rico enfrentan una amenaza creciente.[12]

En América Latina, disputas como la de Nicaragua v. Colombia ante la Corte Internacional de Justicia han puesto de relieve cómo el control de espacios marítimos genera tensiones regionales.[13] En estos contextos, el establecimiento de líneas fijas podría ser visto con suspicacia por Estados vecinos si no se basa en acuerdos bilaterales o multilaterales. Un caso interesante es el de las Bahamas, que ha registrado sus líneas de base rectas en las Naciones Unidas desde 1996.[14] Aunque no ha declarado su intención de mantenerlas fijas frente al cambio climático, su práctica podría constituir un precedente útil para los PEID.

V. Consideraciones normativas y éticas: justicia climática y equidad intergeneracional

Más allá del análisis jurídico, el debate sobre líneas fijas toca aspectos éticos esenciales. Los Estados menos responsables por el cambio climático son los más vulnerable a sus efectos. El Derecho del Mar, en su Artículo 300 de UNCLOS, establece que “los Estados partes deberán cumplir de buena fe sus obligaciones y ejercer los derechos […] de forma que no constituyan un abuso de derecho.”[15] Esta cláusula puede interpretarse como una base para el reconocimiento de soluciones jurídicas que compensen la injusticia estructural del cambio climático. La fijación de líneas de base también puede verse como una medida de equidad intergeneracional, que busca preservar los recursos marítimos para las generaciones futuras, incluso si el territorio costero cambia o desaparece.[16]

Conclusión

El artículo de Sean Murphy ilumina una problemática urgente del Derecho del Mar contemporáneo. Las líneas de base, concebidas en un marco jurídico estable, hoy enfrentan la volatilidad de un mundo cambiante. El cambio climático ha convertido un principio técnico en una cuestión existencial y ética.

Adoptar líneas de base fijas no es solo una respuesta jurídica plausible, sino también una exigencia de justicia climática y estabilidad internacional. Sin embargo, su legitimidad dependerá del desarrollo de una práctica uniforme y del reconocimiento mutuo entre los Estados. El reto está en evolucionar sin fracturar el sistema jurídico existente. Para los estudiantes y profesionales del Derecho del Mar, este debate ofrece una oportunidad única de reflexión, ¿hasta qué punto el Derecho puede y debe adaptarse a las nuevas realidades físicas? Y sobre todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante aquellos Estados cuya existencia misma está en juego?

[1] United Nations Convention on the Law of the Sea, Art. 5, Dec. 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 397.

[2] Id. Arts. 7 & 47.

[3] Sean D. Murphy, Ambulatory Versus Fixed Baselines Under the Law of the Sea (2023).

[4] Id. at 5-6.

[5] See id. at 3-4.

[6] Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2023: Synthesis Report, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/.

[7] Murphy, supra note 3, at 12.

[8] Pacific Islands Forum Leaders, Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate Change-related Sea-Level Rise (2021).

[9] Murphy, supra note 3, at 14-16.

[10] Id. at 18-19.

[11] Delimitation of the Maritime Boundary in the Bay of Bengal (Bangladesh v. Myanmar), Judgment, ITLOS Rep. 2012, ¶ 240.

[12] Véase Convención de Cartagena sobre Protección del Medio Marino del Gran Caribe (1983).

[13] Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 624.

[14] U.N. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Maritime Zone Notifications, Bahamas Baseline Declarations (1996).

[15] UNCLOS, supra note 1, Art. 300.

[16] Murphy, supra note 3, at 23.